TEMATICA:
TRANSFORMACIÓN SURGIDA DE AGROPATRIA A AGROISLEÑA.
AUTORA:
JESSICA DANIELA ARZOLA SILVERA. C.I. 26.620.114
CONTADURÍA
PÚBLICA.
1ER.
AÑO - SECCIÓN 01
UNIVERSIDAD
NACIONAL EXPERIMENTAL ROMULO GALLEGOS.
¿QUÉ ES AGROISLEÑA?, ¿DE QUIÉN ERA PROPIEDAD ESA EMPRESA?, ¿CUÁLES ERAN SUS PRÁCTICAS EMPRESARIALES?, ¿POR QUÉ EL GOBIERNO DE VENEZUELA LA SOCIALIZA?
Agroisleña empresa privada
capitalista fue fundada en el año 1955 por Enrique Fraga Alfonzo, propietaria
de más de 250.000 hectáreas de terreno, contaba con más de 60 delegaciones en
toda Venezuela, con una amplia red de silos, mezcladoras, tiendas,
laboratorios, con un control absoluto y monopolístico del mercado de semillas y
fertilizantes. Por ello, ha sido necesario hacerla transitar de oligopolio a
empresa de propiedad social.
La
repercusión tan furibunda que en las Islas Canarias ha tenido dicho
acontecimiento obedece al hecho de que la propiedad de la misma era de un
presunto oriundo de las mismas, que se siente y se considera más español que
canario.
Agroisleña
se había terminado convirtiendo en un oligopolio que está terminantemente
prohibido en la constitución venezolana, desoyendo reiteradas veces los
múltiples requerimientos que desde el ministerio de agricultura y tierras que
dirigia Juan Carlos Loyo se le ha venido haciendo.
Esa
empresa privada venía practicando la especulación, el acaparamiento, el
desabastecimiento, el no respeto medioambiental y la competencia desleal,
delitos todos ellos contemplados en la legislación venezolana. Muchos son los
empresarios que en Venezuela han entendido y aceptado la nueva situación
socio-política que la mayoría del pueblo ha elegido democráticamente, pero hay
otros tantos entre los que se encuentran los propietarios de Agroisleña que
utilizan sus empresas como organizaciones políticas que desestabilizan y
subvierten al Estado Venezolano.
La
soberanía alimentaria es una de las tantas prioridades del gobierno
revolucionario, los alimentos que aseguren la eliminación del hambre del
pueblo, no pueden estar en manos de grupos minoritarios y oligárquicos. El
sector agrícola es estratégico y no puede ser utilizado como un arma
contrarrevolucionaria y especulativa al más rancio y criminal estilo
capitalista. Una de las 8 metas del milenio fijadas por la ONU es la de reducir
el hambre y la pobreza en el mundo, en este punto Venezuela se ha tomado muy en
serio su tarea de contribuir al logro de la misma.
Esa
empresa ahora socializada mantenía una relación feudal con los pequeños
productores venezolanos, tal como ha sido denunciado por la diputada al
Parlatino Ana Elisa Osorio, en representación por el Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV). Agroisleña les daba semillas y fertilizantes a los
campesinos para que luego pagaran con la cosecha. Incluso cuando al campesino
le quedaba un excedente de producción, entonces Agroisleña le pagaba con más
semillas y fertilizantes.
Ese
oligopolio transnacional utilizaba mecanismos perversos en detrimento de los
trabajadores del campo, acentuándolos con más fuerza desde el triunfo de la
Revolución Socialista Bolivariana en el año 1999, lo cual demuestra que la
paciencia tiene un límite y la última gota ya rebosó el vaso. Agroisleña
usaba préstamos agrícolas que le concedía el Estado al 6%, para luego
transferirlos al campesinado en forma de créditos al 16%, convirtiéndose
entonces de hecho en una entidad bancaria especuladora sin estar legalizada
para ello.
Otra
de las prácticas empresariales delictivas de Agroisleña era el uso y
comercialización de agroquímicos tóxicos prohibidos, esto es, contaminantes
altamente peligrosos para el ambiente, la naturaleza, el campesinado y la salud
de los consumidores de alimentos. A modo de ilustración en el Estado de Mérida,
uno de los 23 que conforman Venezuela, la empresa tenía 7 tiendas provocando
precisamente allí el índice más alto de intoxicación por pesticidas de todo el
país. Dicha práctica delictiva ha venido reiteradamente violando y
contraviniendo el artículo 315 de la constitución venezolana.
En
cuanto a los pesticidas la empresa, desde hace mucho tiempo, venía actuando
como brazo ejecutor en Venezuela de las políticas imperialistas de las
transnacionales como Monsanto, Novartis, Basf, Bayer quienes fabrican y
comercializan algunos productos mundialmente prohibidos dada su toxicidad,
tales como los coloquialmente conocidos “los doce del patíbulo” o la
“docena sucia” (dirty dozen), 12 plaguicidas que desde el año 1985 la Red
Internacional de Acción en Plaguicidas había establecido la prescripción de su
no uso.
Los
propietarios y directivos de esa empresa se terminaron convirtiendo por tanto
en el mayor obstáculo para los avances de la Revolución Agrícola, un modelo
alternativo ecológico, natural y biológico de agricultura, que respeta la
Tierra (Pachamama) y que no la agrede o mata como en el modelo capitalista
explotador.
Los
propietarios de Agroisleña han cometido delitos y en cualquier país se
les llamaría delincuentes, por tanto, susceptibles de pagar con cárcel o con
multas los mismos. La Revolución Bolivariana, que avanza con decidida vocación
socialista y humanista, pagará lo que justamente corresponda por la
expropiación, no le quepa duda alguna a nadie, pues en el artículo 115 de su
constitución dice literalmente “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda
persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes.
La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y
obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés
general. Sólo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante
sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la
expropiación de cualquier clase de bienes”.
En
Canarias, última colonia de España en África, algunos voceros de CC (Coalición
Colonial, Coalición Capitalista, Coalición Canalla, Coalición
Cemento, Coalición Colaboracionista, Con Cualquiera), han vociferado ante la
socialización de esa empresa, motivados por la presunta procedencia canaria
de alguno de sus propietarios, contando como de costumbre falsedades y
silenciando o negando las verdades. Hasta tal extremo han llegado, que han
rogado a su amo en la metrópoli, para que el Ministerio de Exteriores español
intervenga en defensa de los antiguos propietarios, tan españoles ellos.
Yo
invito amablemente a los propietarios españoles de la extinta Agroisleña, a que
se instalen en España, por ejemplo en Murcia, Almería, Alicante o cualquier
otro sitio que elijan e intenten seguir con sus prácticas empresariales, a ver
si se lo permiten. En cualquier caso, dejen ya en paz a los pueblos
americanos.
Algunos
plumillas en Canarias han llegado a afirmar que el derecho internacional
capitalista está por encima del derecho nacional socialista de Venezuela.
Algunos empresarios, políticos y periodistas de la órbita capitalista tienen el
reloj parado, porque se niegan a darle cuerda o a cambiarle la pila, no aceptan
ni quieren ver que muchos pueblos en el mundo, especialmente en América Latina
y el Caribe, se rebelan contra el criminal, antihumano e injusto sistema
capitalista. Allá ellos con esa ceguera crónica, más fuerte será el toletazo.
El
planeta Tierra a pesar de los desesperados esfuerzos del imperialismo
capitalista de los Estados Unidos de Israel, transita de un mundo unipolar
hacia otro multipolar, en el cual emergen nuevas fuerzas internacionales, entre
las cuales se encuentra Latinoamérica. En ese nuevo mundo, empresas como la
antigua Agroisleña ya no tienen cabida.
La
nueva empresa que ya ha sido parida en Venezuela se llama Agropatria y ésta sí
estará al servicio del pueblo y el campesinado venezolano, demostración de ello
ha sido el rotundo respaldo que los trabajadores de la empresa han dado a la
expropiación. La producción, distribución y comercialización de alimentos, así
como de insumos para la agricultura.
EX-TRABAJADORES DE AGROPATRIA
PROTESTAN DEBIDO A LA EXPROPIACIÓN
Se
prohibió la venta a crédito de insumos, no pagan la cosecha a tiempo y tampoco
reconocen prestaciones de los trabajadores
Se
cumplen más de dos meses desde la expropiación de Agroisleña y la evaluación
que hacen los productores y trabajadores es negativa. Denuncian que la junta
interventora de la empresa, ahora llamada Agropatria, decidió eliminar el
programa de venta de insumos y agroquímicos a crédito, ha despedido personal de
manera injustificada y violado la inamovilidad; además reportan escasez de
agroquímicos, insumos, semillas y otras materias primas que requieren los
productores del campo. Un informe que refleja las acciones del Gobierno en
los 60 días desde la adquisición forzosa de la empresa, señala que mientras
Agroisleña vendía casi 85% a crédito, y casi la totalidad sin garantía para
permitir que los productores comenzaran su ciclo de siembra y pagaran después,
en Agropatria prácticamente se está vendiendo todo al contado.
“Agropatria
no está respondiendo a los compromisos adquiridos con los productores. Hay
atraso en el pago de la producción arrimada a los silos. Mientras Agroisleña
pagaba a los 10 días de entregada la cosecha, con la gestión socialista hay una
total incertidumbre”, indica el reporte.
Se
advierte que quienes reciben pago, es por montos inferiores a lo que vale la
cosecha y, además, los obligan a acudir a actos políticos públicos o los
amenazan con inspeccionar las fincas.
Refiere
que aunque las plantas tienen suficiente materia prima para producir, la gestión
de Agropatria ha sido incapaz de administrar y poner activas las líneas de
producción y la comercialización de insumos. A la vez que hay problemas con la
comercialización interna, la empresa tiene paralizadas las exportaciones de
agroquímicos incluso a países de la región incluyendo los que tienen convenios
mediante el Alba.
Tampoco
se están llevando a cabo los programas de asistencia técnica a los productores.
Se denuncia que los técnicos no cuentan con viáticos para trasladarse y no les
reconocen sus compromisos laborales.
Producción
en caída
Los
técnicos que laboraban en la empresa sostienen que las plantas de agroquímicos
están produciendo a 20% de su capacidad normal y hay un alto índice de
desabastecimiento de herbicidas, fertilizantes y semillas de arroz, entre
otros. Se conoció que el Gobierno intenta ocultar la escasez con la compra de
estos insumos a otras comercializadoras privadas.
Según
datos de la gerencia del Departamento de Salud Pública de Agroisleña, en los
dos meses de expropiación se redujo el suministro de productos biológicos
destinados a combatir epidemias como el dengue, la leptospirosis, y productos
para el control de la palometa peluda (Hylesia Metabus) que genera inflaciones
cutáneas, principalmente en el oriente del país.
“No
hay inventarios de insecticidas porque justo cuando se ejecuta la medida de
expropiación, el departamento de Salud Pública estaba en trámites de ordenar
las importaciones de productos biológicos”, expresa un ex trabajador del área,
y agrega que para estos casos puntuales los químicos eran adquiridos a
proveedores internacionales.
Se
advierte que en un panorama como el actual con las inundaciones, se prevé que
proliferen en el mediano plazo más enfermedades como el dengue y preocupa que
la empresa no tenga suficientes productos químicos para combatirla.
En el
área de almacenamiento de la cosecha, también existe incertidumbre por el
manejo y control de plaga en los cereales cosechados y guardados en los silos
de Agroisleña.
“Para
la fecha de la expropiación todos los silos ubicados en la zona occidental
estaban preparados, y estábamos en proceso de acondicionar los que están en el
oriente del país. En este proceso se utiliza normalmente protectantes de granos
para evitar la incidencia de las plagas, y tenemos información de que tampoco
hay suficiente producto para contrarrestar estos problemas”, expresa un técnico
de la Gerencia de Salud Pública. Debido a la falta de estos insumos y a la
caída de la producción de químicos, la gerencia de Agropatria gestiona la
compra a otras empresas.
Deuda
laboral
En el
informe también se denuncia que el Departamento de Recursos Humanos está
prácticamente desmantelado, al igual que los sistemas de la empresa. Desde la
expropiación cerca de 100 trabajadores de Agroisleña y sus empresas filiales,
Inica, Proyefa y otras, han sido despedidos, otros han renunciado por presiones
y maltrato, y alrededor de 278 técnicos comerciales y gerentes de las
sucursales no han cobrado las comisiones por las ventas, que deberían haber
recibido desde el 15 de octubre.
Cada
tres meses este personal recibía como parte del sueldo comisiones por las
ventas realizadas, y este pago fue suspendido.
“Las
personas que han despedido injustificadamente ni los que han renunciado han
cobrado sus prestaciones sociales. Se incumple el decreto de inamovilidad
laboral porque no se reconoce el fuero que tienen las personas por período
posnatal, reposo u otra condición, y ningún organismo del Estado ni
inspectorías del Trabajo, ni el propio ministerio, responde por estas
irregularidades”, señala Alejandro Giraud, ex gerente de Relaciones
Institucionales de Agroisleña.
Señala
que en la empresa y en sus filiales reina un clima de incertidumbre porque aún
están en el período de transición de los 90 días de ocupación temporal de la
empresa; pero en enero se prevé la consolidación de la nueva estructura
socialista con Agropatria, y quienes todavía laboran, temen despidos y que no
se reconozcan los pasivos laborales.
“No
hay ninguna garantía de que nos paguen a los que fuimos despedidos de la
empresa, ni siquiera nos permiten el acceso a las instalaciones para efectuar
algún tramite de averiguación sobre nuestros pasivos. No nos quieren pagar y
esto viola todo el decreto de expropiación emitido por el propio Gobierno, en
el cual se establece la inamovilidad y el respeto de los derechos laborales de
cada trabajador”, expresa Giraud. Alertó que los califican de despidos
sencillos para no reconocer que fue una acción injustificada, y que merecen el
doble de los beneficios por ley. Agrega que en la carta de despido no se
describe la razón de la remoción del personal.
Advierten
que quienes aún trabajan en el consorcio están prácticamente desasistidos en
materia de seguridad, salud e higiene industrial porque el comité que trata ese
asunto fue desactivado.
Recuerdan
que Agroisleña y sus filiales manejan una cantidad de agroquímicos, insumos y
materia prima de alto riesgo si no es manejada adecuadamente y con estrictas
normas de seguridad.
Trabas
para acceder al crédito
El
Instructivo de financiamiento de Agropatria obliga a los productores a cumplir
requisitos y, además, están sujetos a la discrecionalidad de los funcionarios
para poder obtener los préstamos.
Se
indica que los productores deben tramitar los créditos como si nunca antes
hubiesen sido clientes de la empresa, lo que representa según los agricultores
una desmejora de las condiciones y un retraso en la solicitud. El instructivo
indica que los créditos hasta por 25.000 bolívares serán evaluados por los
gerentes de cada agencia sin que prive un lineamiento técnico, por lo que se
corre el riesgo de decisiones arbitrarias. Cuando el monto es mayor, la
solicitud es enviada a la sede principal de la empresa en Cagua, lo que genera
un retraso adicional en el trámite.
Hasta
hace dos meses los agricultores venían trabajando con sus líneas de crédito
rotativas, que operaban de manera automática a medida que requerían los
recursos para continuar los ciclos de siembra y de cosecha.
Hay
productores que tienen tres generaciones trabajando con la empresa y ahora se
les desconoce esa trayectoria, y les exigen documentos como si fuesen nuevos.
Otro
de los lineamientos que exige Agropatria es que 40% de la cosecha financiada
por esta empresa, sea pagada en efectivo y 60% con la propia producción
arrimada a los silos.
Los
productores advierten que esta disposición es negativa porque tendrán que verse
obligados a vender a intermediarios la cosecha y obtener efectivo para poder
pagar ese 40% que se les exige.
“Esto
puede generar un mercado especulador porque el agricultor tendrá que salir a
vender a tercero para pagar en efectivo la deuda, y tampoco se sabe qué pasará
con el excedente de la cosecha”. Recuerdan que con Agroisleña arrimaban 100% de
la cosecha, sin preocuparse en vender al mercado especulador el grano y pagaban
en el plazo indicado.
Agropatria
alcanzó cobertura de un millón 159 hectáreas
El ministro del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, destacó que tras el primer año de la
nacionalización de la empresa Agroisleña y su posterior transformación en
Agropatria, se ha registrado un incremento en su cobertura de 360 mil hasta un
millón 159 mil hectáreas..
“Pasamos de una Agroislena capitalista, que
atendía a 12 mil 83 productores por mes, a una Agropatria que atiende 52 mil
862 productores por mes”,
Explicó que Agroisleña ahora está guiada por
principios de carácter socialistas lo cual le ha permitido incrementar el
número de centros de atención al productor agrícola en todo el país.
“Pasamos de una Agroisleña que tenía 64
tiendas a una Agropatria que tiene 110 tiendas operativas en este momento, 13
que se encuentran en fase de terminación y la incorporación de un nuevo
proyecto que son la Agropatria Comunal, en donde tenemos 10 unidades en Táchira
y Mérida, donde los propios productores establecen el control de los insumos
que requieren”, explicó.
¿Cambios
en Agropatria? ¿Regresa Agroisleña?.
Varios medios traen la noticia de un posible acuerdo entre el gobierno y quienes poseían Agroisleña. Desde su precipitada "expropiación" por parte del gobierno, la organización perdió eficiencia y miles de productores fueron afectados por la falta de agroquímicos, maquinaria y sobre todo del conocimiento que sobre la agricultura había acumulado la empresa fundada por la familia Fraga. También protestaron, varias veces, los trabajadores de la empresa
En apariencia el gobierno preocupado, está en una onda de rectificación, primero abrió el diálogo, por primera vez desde el 2003 con algunos gremios agrícolas, ajustó algunos precios al productor, eliminó algunos aranceles y hace esfuerzos por incrementar el acceso al crédito. Por otra parte el nuevo Presidente del INTI parece menos agresivo que sus predecesores en lo que a ocupar tierras se refiere, lo que ha generado un poquito de tranquilidad entre los productores. También la escasez de divisas y la paridad cambiaria de los últimos meses han beneficiado a los productores de bovinos que vieron incrementar sus ventas en el 2011.
Estos pequeños pasos habían sido el clamor de los productores por varios años, pero el gobierno no quería escuchar. La inseguridad jurídica, el control de precios y el control de cambio, sumados a dos años de clima desfavorable, determinaron una violenta caida en la producción. Alrededor de 5 millones de toneladas menos en 2010 y 2011 en relación con las cifras del pasado. La producción de maíz, arroz, caña de azúcar, carne bovina, plátano, algunos frutales, café y otros productos descendió. Tanto que entre 2008 y 2011 la factura de importación fue enorme. La cruda realidad golpea en un año electoral y el mismo ministro, ahora también Vicepresidente, parece haber entendido algunas cosas. Si concretan una que otra de estas rectificaciones, la producción de algunos rubros aumentará este año. Varias veces lo he señalado, los chinos serán seguidores de la ideología de Marx, pero cuando de negocios se trata, les gusta más Adam Smith.
Recuperar Agroisleña, como empresa mixta, llevará un tiempo - si en efecto se transforma. Se perdió el capital humano en buena medida, en manos del gobierno se burocratizó, se fracturó la cadena de suministros, se abatió la calidad y pertinencia del servicio. Como empresa privada era muy eficiente, en su condición de pública, un desastre. Como empresa mixta, a lo mejor resulta regularcita. ¿Dará el gobierno el gran salto? Es decir ocuparse de gobernar y dejar que el sector privado trabaje en libertad? No lo creo, son "pasitos atrás" en año electoral. Aún retumban en los oidos de los parlamentarios la sarta de mentiras del ex-Ministro Loyo cuando le dió lectura a la Memoria y Cuenta del 2010 multiplicando por dos, tres y a veces hasta por cinco los valores reales de la producción.
Mientras tanto, en la oscuridad, preparan otra bomba contra la libre empresa: la nueva ley del trabajo.
Igualmente refirió que actualmente se encuentran afinando los mecanismos
para hacer llegar de mejor manera a los productores los distintos insumos
necesarios para la producción de alimentos.
“Pasar de una Agroisleña que explotaba a los productores, funcionando
como una banca de segundo piso, pasamos a una Agropatria que adicionalmente
tiene operativos que se llevan en el campo, más de 130 operativos”, agregó.
El presidente de la República, Hugo Chávez, anunció la nacionalización
de Agroisleña en octubre de 2010.
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